La reforma procesal penal en el Perú forma parte de uno de los más importantes cambios que ha tenido la administración de justicia en los últimos quince años. Pero si bien se cimentó con bases de celeridad y economía procesal, con una clara protección a los derechos fundamentales del procesado, estas fueron flexibilizadas a través de los años, a la aplicación del Código Procesal Penal. De tal forma que las modificaciones legislativas han permitido una gran brecha de desigualdad procesal entre las partes. Que el cumplimiento de los plazos son estrictamente rígidos para el procesado en cuanto a la preparación de la defensa, pero irrazonablemente amplios para la investigación fiscal. La idea de la desaparición del expediente se convirtió en innumerables tomos que la defensa debe estudiar en pocas horas. La idea de un proceso célere se convirtió en procesos complejos de seis años. Investigaciones reservadas, declaraciones protegidas y prisiones preventivas son justificadas a la lucha de los delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios.
Todo ello nos permite reflexionar si el inicio de nuestra reforma de justicia era llegar hasta donde estamos llegando o nos hemos desviado del camino. El presente trabajo precisamente busca generar debate en torno a ciertas instituciones legales que los autores han tomado a bien analizar. Una nueva propuesta de discusión y una investigación de imposible conclusión.