No cabe duda que la Policía Nacional del Perú es una de las instituciones de mayor importancia en nuestra sociedad, porque cumple un rol fundamental para alcanzar la justicia y la paz en nuestro país; para lograr este equilibrio en un estado de derecho, se requiere la “seguridad jurídica”, que es uno de los principios y derechos fundamentales proscritos constitucionalmente, en razón que crea una justicia predecible y evita interpretaciones arbitrarias o antojadizas de las normas, por ende es una obligación del Estado promoverla en todas sus dimensiones y organismos gubernamentales, para una adecuada administración de justicia con criterios uniformes y estables que se materializan en la famosa “Jurisprudencia”, que resulta eficiente para solucionar incertidumbres jurídicas en casos concretos; a su vez es una herramienta para desarrollar potencialidades y destrezas en los operadores de justicia, pero incomprensiblemente se exceptúa a la Policía de esta «cúpula», porque indirectamente no se les permite que orienten y alineen sus actuaciones operativas bajo preceptos doctrinarios, es decir desde las sentencias del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema.
Somos testigos de una marcada evolución o revolución de la ciencia jurídica, por la coyuntura y desarrollo de nuevos sistemas procesales (CPP), subsecuentes a las nuevas tecnologías cibernéticas que surgieron por la globalización; que han puesto en un mismo punto de partida a todos los Abogados por ejemplo; la Policía no puede ser ajena a esta transformación, dada su estrecha relación con las ciencias jurídicas, las que vienen desarrollándose desde la etapa de formación policial y por la experticia funcional en la investigación del delito, llegando a cambiar la histórica “Casuística Policial” a la “Jurisprudencia Policial”.
EL DERECHO POLICIAL MODERNO ambiciona cambiar la clásica “Actuación policial” a la “Actuación jurídico–policial”, con la finalidad de lograr la excelencia en el desarrollo de la actividad policial en prevención, intervención e investigación Policial, incluyendo la labor pericial, haciéndose indispensable adquirir no solo conocimientos jurídicos, sino también doctrinarios.